Justicia en la picota

Después de los cuellos blancos, ¿qué hacemos con el sistema de administración de justicia?

-¿Cómo se prepara el ceviche de pato?
-Hay que conseguir que el pato sea criado en corral, ¿no? alimentado bien. Luego de ello, se troza, ¿no? el pato. Se sazona.

Pregunta del examen oral para ser fiscal en el Perú.

La justicia, en el Perú, tiene mala reputación. Según la encuesta de GfK de junio pasado, 8 de cada 10 peruanos desaprobaba el desempeño del Poder Judicial (PJ) y 7 de cada 10 desaprobaba el del Ministerio Público (MP o Fiscalía de la Nación, son lo mismo).

Luego de que se hicieran públicos los audios de la corrupción que afecta a ambas instituciones dicha proporción llegó a 9 de cada 10. El primer audio, protagonizado por el exjuez supremo César Hinostroza, fue publicado por IDL-Reporteros el 8 de julio.

Los audios involucraban a jueces y fiscales del más alto nivel, empresarios y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en una red de corrupción que vendía sentencias e investigaciones fiscales a la medida copando, para ello, posiciones en las distintas salas e instancias del Poder Judicial y de la Fiscalía de la Nación. De ahí que el dicho “es mejor un mal arreglo, que un buen juicio” refleje bastante bien la opinión de la ciudadanía sobre la administración de justicia en el Perú. “Después de ser entrevistada por el CNM me enteré de que a algunas personas les daban las preguntas de las entrevistas y hasta de los exámenes. Que las vendían, ¡por decenas de miles de dólares! ¿Cómo podemos aspirar a tener un Poder Judicial independiente en esas condiciones?”, explica la ex jueza superior anticorrupción y ex jefa de la Oficina Nacional Anticorrupción, Carolina Lizárraga.

 

Ibañez y el CNM

¿Cómo se copaban puestos en el Poder Judicial y en la Fiscalía? Dejando fuera a los profesionales que pudieran ser incómodos por su independencia.

Luz Ibañez

En 2013, la fiscal Luz Ibañez postuló al cargo de Fiscal Suprema pero no alcanzó la plaza. En su examen escrito no se contabilizaron todos los puntos que obtuvo: estos habían sido anotados por el evaluador al lado de cada una de las cuatro preguntas del examen y sumaban 14 puntos. Pero le pusieron 11. Ibañez reclamó ante el CNM y no obtuvo respuesta pese al error evidente. Entre los fiscales que sí pasaron a la siguiente etapa del proceso están los actuales fiscales supremos Tomás Gálvez Villegas y Víctor Raúl Rodríguez Monteza.

Fiscal Supremo Tomás Gálvez

¿Quién es Gálvez? Además de sus reconocidos vínculos con el montesinista José Cavassa y los audios en los que aparece grabado pidiéndole favores al defenestrado exjuez, César Hinostroza; Tomás Gálvez fue denunciado por su asistente -Gínger Salguero Alcalá- por inflar el presupuesto de capacitaciones para quedarse con más de 23 mil soles. A tal fin, Gálvez presentó boletas falsas y, más tarde, para desacreditar dicha denuncia, el mismo Gálvez presentó las declaraciones juradas de los asistentes a esas capacitaciones con firmas adulteradas y falsas. La denuncia no llegó a ninguna parte: el entonces Jefe de Control Interno del Ministerio Público archivó el caso. Su nombre era Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, el (ex) actual fiscal de la Nación.

Fiscal Supremo Víctor Raúl Rodríguez Monteza

El fiscal Rodríguez Monteza, por otra parte, es señalado de haber alertado a la red de César Hinostroza y Walter Ríos -ex presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao- de estar siendo grabados. Rodríguez Monteza – Víctor Raúl, como Haya de la Torre- siendo protagonista de su propio audio intentó amedrentar a los periodistas Gustavo Gorriti y a Rossana Cueva con denunciarlos por obstrucción a la justicia si no le entregaban los audios que estaban en su poder y delataban a sus fuentes, en una clara violación de la Constitución y de la ley que -se supone- Rodríguez debe conocer porque es un Fiscal Supremo.

Pedro Gonzalo Chávarry se convirtió en Fiscal de la Nación con los votos de Gálvez, de Rodríguez Monteza y de sí mismo. Los tres tienen audios y están o han estado relacionados con personajes sindicados como miembros de la organización criminal los Cuellos Blancos. La Dra. Ibáñez tuvo suerte: en marzo del año pasado (2018) se convirtió en jueza de la Corte Penal Internacional de Justicia de La Haya. Fue elegida en primera vuelta.

En la foto, la primera de la izquierda es la abogada Luz Ibáñez.

 

La madre del cordero

-¿Cuál es el plato típico del día lunes de Mosefú?
-Es el espesado.
-El espesado, muy bien. Entonces sí se ha compenetrado con la realidad de Monsefú.
-Es el plato típico norteño, señor consejero.

El primer punto del referéndum convocado por el Presidente Martín Vizcarra se refierió a la modificación constitucional que permitirá reemplazar al CNM -que elegía y ratificaba a los jueces y fiscales- por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y modificar el mecanismo de elección de sus miembros.

Todos los abogados consultados para este artículo piensan que este cambio es muy importante pero insuficiente para limpiar el sistema de administración de justicia y sus órganos de control y para evitar que ingresen individuos como Hinostroza, Ríos o los exmiembros del CNM.

César Azabache, abogado penalista, ex procurador anti corrupción.

“Hay que crear un Poder Judicial nuevo”, sostiene el criminalista César Azabache. El sistema “está repleto de cargos cuyo nombramiento, promoción y ratificación no dependen del CNM sino de otras salas de mayor jerarquía y de quienes las presiden”. En uno de los audios se escucha al exjuez Walter Ríos decir que debe “mantener la hegemonía” en su sala.

Una Comisión Especial integrada por el Defensor del Pueblo, el Presidente del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, el Presidente del Tribunal Constitucional, el Contralor general de la República y dos rectores elegirán a los miembros del JNJ. Eso, en opinión del exfiscal Avelino Guillén “es colocar a las cabezas de las instituciones para que elijan a quienes presidirán sus instituciones”. Cierto: si, por ejemplo, el Fiscal de la Nación será el encargado de escoger a quienes elegirán a sus sucesores, el sistema de deudas y favores que utilizaban Los Cuellos Blancos queda intacto.

Los consultados para este artículo también coinciden en que el CNM siempre tuvo graves problemas por la injerencia política y por eso el JNJ debe ser blindado. Como Azabache, Guillén piensa que “habría que refundar el sistema de justicia, pero para eso se necesita, paradójicamente, del poder político; y este no está dispuesto a tener un Poder Judicial verdaderamente eficiente e independiente porque saben que, tarde o temprano, todos los políticos terminarán allí”.

Carolina Lizárraga, ex jueza y ex jefa de la oficina nacional anti corrupción.

¿Qué hay que hacer? Transparencia absoluta. Para Lizárraga “la transparencia es clave. Sin procesos transparentes no habrá mejora que se sostenga y a eso ayudan cosas simples como tener, por ejemplo, expedientes digitales”. Sí, el que las sentencias se publiquen y notifiquen electrónicamente a las partes en tiempo real impide -o hace mucho más difícil- que se modifiquen luego.

“La opacidad permite y genera corrupción”, coincide el exprocurador Julio Arbizu. Señala que la cultura judicial en términos procesales está “atascada en el siglo pasado, llena de ritualismo y secretismo”. Cultura que, según Arbizu, favorece la formación de grupos en los que predominan códigos y encuentros que se corresponden con la estructura del desactivado CNM y que los audios hicieron públicos.

Julio Arbizu, abogado penalista, ex procurador anti corrupción.

De hecho, la opinión experta de muchos juristas, jueces y abogados litigantes reunidos en un trabajo de Jaime de Althaus del 2015 (“La gran reforma institucional”), ya señalaba que la transparencia y la meritocracia eran fundamentales para mejorar los procesos judiciales y reducir los espacios dentro de la judicatura para la aparición de iniciativas corruptas. ¿Pero es eso suficiente? ¿Acabarán la transparencia y la tecnología con la corrupción?

El demonio en los detalles

El Poder Judicial es, dice César Azabache, como una gran caja negra. Aunque muy pocos saben cómo funciona por dentro, la inmensa mayoría de las personas y empresas que acaban en el sistema de administración de justicia no entiende de leyes ni de procesos ni de fórmulas legales y no tiene más remedio que creer lo que dicen sus abogados y los jueces y los fiscales. Es, literalmente, como entrar con los ojos vendados a un laberinto. En ese sentido, hasta el tan poco amigable meta leguaje abogadil resulta tremendamente funcional a la corrupción: alta opacidad, baja transparencia.

Además, las propias estructuras del sistema favorecen la corrupción. Por ejemplo, un juez provisional le debe el puesto al presidente de la sala superior y, por lo tanto, también cierta sujeción en desmedro de su independencia y autonomía. Por eso, eliminar la provisionalidad de los jueces y su movilidad es una buena idea según todos los consultados. Un juez titular -lo mismo que un fiscal titular- no está sujeto a subordinación jerárquica: es decir, no le debe el puesto al superior ni, por lo tanto, obediencia alguna. En el Perú hay cerca de 3 mil jueces y unos 300 son provisionales. La mitad de los 40 jueces de la Corte Suprema lo es. ¿Por qué hay tantos? Porque no hay presupuesto. Guillén insiste: “a los políticos no les interesa la justicia independiente”. Sin recursos, no hay más jueces. Tampoco mejores. Tampoco voluntades que se compren el pleito de reformar el aparato judicial desde dentro.

El penalista César Nakazaki coincide en que la independencia e imparcialidad de los jueces es un asunto central. Un juez independiente es uno que puede trabajar sin presiones internas ni externas porque “ni todos los jueces son corruptos ni todos los casos derivan en corrupción ni todas las partes en un litigio o quieren o pueden acceder a los mecanismos de la corrupción”.

César Nakazaki, abogado penalista.

Para Nakazaki -en algún momento abogado de hasta tres expresidentes de la República- una de las presiones más fuertes que enfrentan los jueces actualmente es política, “pero no porque haya razones ideológico-políticas detrás, sino porque los políticos usan a las instituciones para defenderse de los problemas legales que tienen”. La reciente “guerra” política entre el Poder Ejecutivo, el Fiscal de la Nación y Fuerza Popular es, para Nakazaki, un claro ejemplo de esto último porque, considera él, que en el poder judicial no existe “ningún partido hegemónico como lo fue el APRA, en su momento”.

El actual presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, anunció en agosto nuevos procedimientos para la designación de jueces provisionales “para que la selección no responda nunca más a la empatía, improvisación y decisión exclusiva y excluyente del Presidente de la Corte Suprema y de los titulares de las cortes superiores”.

Sin embargo, eso es solo una parte. El que los jueces puedan ser transferidos casi a voluntad de la sala que los pone, también afecta la estabilidad y la autonomía y la independencia de los juzgados a cargo de dichos jueces. Existe, además, la figura de los jueces supernumerarios: abogados que ingresan temporalmente a cubrir plazas en juzgados y que tras un periodo corto regresan a su práctica privada. Estos jueces tienen todos los incentivos perversos para constituir lo que Guillén llama “anillos de corrupción”.

Corrupción con pedigrí

A decir del exfiscal Guillén, siempre han existido redes y mecanismos en la administración de justicia que aseguraran la impunidad para grandes casos de corrupción. Lo que hacen estas redes -que no son otra cosa que organizaciones criminales dentro de la judicatura- es vender un servicio: fallos judiciales a la medida. Eso eran -o son- Los Cuellos Blancos del Puerto, pero a una escala de poder e influencia, probablemente, sin precedentes ni símiles pues de cada 120 toneladas de clorhidrato de cocaína que dejan el Perú, 80 salen por el Callao.

En el VRAEM, un kilo de cocaína cuesta entre 1 000 y 1 200 dólares. Puesto en el Callao, ese mismo kilo puede llegar a los 6 000. Solo el meterlo en un contenedor que lo saque del país, cuesta 1 000 dólares extra por kilo. Si al año salen 80 toneladas de cocaína por el Callao, hablamos de 80 millones de dólares al año que los narcos pagan para meter su droga en naves que dejan el país. Mucho dinero, mucha organización, muchas personas, muchos delitos involucrados y muchas causas penales que procesar.

Avelino Guillén, ex Fiscal de la Nación.

“Yo ingresé en 1980 al Poder Judicial y estas redes ya existían. Hasta los jueces honestos, para poder ser ascendidos -o incluso para mantenerse en el cargo-, tienen que relacionarse con estos grupos porque estos imponen su presencia y también imponen la necesidad de tocarles la puerta por algún favor”, relata Guillén.

 

Para la abogada penalista Romy Chang, el problema es anterior al control: la educación deficiente de los abogados que se incorporan al sistema de justicia. “Algunas universidades estafan a los estudiantes porque no les enseñan a ser abogados, solo un cartón que no sirve”, afirma.

En efecto, el caso del actual fiscal de la nación, Pedro Chávarry, y su calificación presuntamente insuficiente y alterada para acceder a convertirse en fiscal supremo no es aislado. Según la penalista, hay jueces en instancias superiores que no aprobaron los exámenes pero que siguen en sus puestos “porque no hay quién los reemplace y ellos son los que resuelven las causas en última instancia”.

El Dr. Nakazaki sostiene que los cuadros profesionales que se incorporan al sistema deberían estar mucho mejor preparados. “La academia de la magistratura fracasó y a los fiscales y jueces que traemos de provincia para prepararlos les metemos 50 temas en dos días, ¿cómo va a solucionar algo eso? Estamos a merced de lo que hay”, afirma.


Romy Chang, abogada penalista.

El desconocimiento del derecho es enorme, se manifiesta cotidianamente y genera corrupción. “Por ejemplo, no cabe plantear un habeas corpus cuando tienes un proceso de prisión preventiva sin resolución de segunda instancia. Pero, ¿qué pasa si lo presento antes de la segunda instancia y encuentro un juez que sí me lo acepta y me lo da? Tres jueces dicen que sí y dos que no. ¿Cuánto me das para decir que sí procede?”, explica Chang.

El ingreso de abogados sin conocimientos mínimos crea vacíos en el sistema que rápidamente son aprovechados por las grandes mafias, pero también por mafias más pequeñas. El sociólogo criminalista Jaris Mujica encontró núcleos de corrupción instalados fuera de la judicatura, pero alrededor de ella; específicamente, en los pasillos del Poder Judicial. Abogados que pululan en los corredores y se articulan con los secretarios y los asistentes de los juzgados ofreciendo servicios como “subir el expediente” y “acelerar” los procesos.

Si ni siquiera los abogados que consiguieron un lugar como jueces o fiscales en el Poder Judicial conocen la ley ni los procedimientos a cabalidad, ¿qué es verosímil esperar de aquellos que ni siquiera lograron ingresar y se dedican a litigar desde pequeñas oficinas en los alrededores del Palacio de Justicia?

Chang explica que muchas veces “estos abogados incrementan la sensación de corrupción” porque le piden dinero a sus clientes para coimear jueces que en realidad son incoimeables o para aceitar la pequeña maquinaria delincuencial que -a diferencia de los círculos mafiosos dentro de la judicatura- no puede garantizar una sentencia en un sentido u otro, pero sí que puede empujar un proceso para que el juez lo vea antes y, al menos, acelerar el fin del proceso.

 

Y entonces, ¿qué hacemos?

Todos los abogados consultados para este artículo coinciden en que hay al menos tres frentes de los que hacerse cargo para empezar a entender por dónde deberían venir las soluciones.

Primero: La manera combatir el tráfico de sentencias, de investigaciones y de influencias debe cambiar drásticamente. Según Azabache, se les debe perseguir e investigar como se investiga el narcotráfico: adelantándose a él, interviniendo teléfonos, con agentes encubiertos, con seguimientos, etc. Esta es labor de la policía y de la fiscalía y no precisa cambiar el marco normativo. “El tráfico se para en tiempo real, sino, es historia; es como tratar de investigar el tráfico de menores en la Reniec”, sostiene.

Los audios del CNM que dieron lugar al caso Lava Juez, corroboran esta aproximación: sin interceptaciones telefónicas César Hinostroza seguiría siendo Juez Supremo y vendiendo sentencias absolutorias a violadores de niñas; Walter Ríos seguiría siendo el presidente de la Corte Superior del Callao pidiendo 10 mil verdecitos para “solucionar” “cositas”; ambos moverían sus influencias para nombrar jueces y fiscales y el mismo CNM -con el Dr. Rock cantando en el programa de Chibolín- seguiría haciéndoles el favor eligiendo a los jueces y a los fiscales que Hinostroza y Ríos les pidieran elegir.

En 2013, la procuraduría anticorrupción que dirigía el penalista Arbizu elaboró la tesis de que el expresidente Alan García Pérez habría recibido “dádivas” de Odebrecht a través de conferencias por las que cobraba sumas inexplicables. Recién 5 años después, gracias a los métodos que Azabache sugiere utilizar también en las investigaciones que involucren a miembros de la judicatura, se comprobó que al menos una de esas conferencias fue pagada desde la caja 2 de Odebrecht. Y hoy sabemos, además, que dicho pago en efecto fue simulado: ni el organizador de la conferencia pagaba a los conferencistas (ni cobraba por asistir), ni Odebrecht tenía nada que ver con dicha organización.

Segundo: El problema empieza en las personas encargadas de hacer funcionar el sistema: educación deficiente, desempeño deficiente. Calidad educativa ínfima, egresados malos y mediocres, facultades de derecho que se dedican a formar abogados empresarios o corporativos en exclusiva; todo suma. O resta. Muchos abogados que postulan al sistema lo hacen porque no tienen otras opciones. Esto es una amenaza para la administración de justicia porque hay más jueces incompetentes que corruptos y eso introduce un factor de impredictibilidad enorme en el sistema. La incompetencia dentro de la propia judicatura impide estimar el resultado de un juicio y allí es cuando se admiten causas sin sentido que a veces ¡ganan!

La corrupción tiene mucho espacio y mucho éxito en dicho contexto, según explica Chang: “todos sabemos que el ají pica, sí. Pero si alguien te puede decir que el ají es dulce, estamos frente a un problema: ¿interpretó o aplicó mal la norma o hizo lo que le dio la gana por algún incentivo indebido para decir que el ají es dulce?”.

Para Chang, Lizárraga y Arbizu, se requiere asegurar un nivel mínimo de conocimientos para los egresados y, si la Sunedu no puede certificar la calidad de una determinada facultad de derecho, el Estado debería obligar a pasar una prueba estandarizada con parámetros mínimos para recibirse de abogado. “El derecho es una herramienta muy poderosa, es como un carro que te permite, en teoría, hacer cosas buenas y malas; como un arma. ¿Cómo vas a entregarle armas a gente que no las sabe usar? ¿Queremos monos con metralletas?”, se pregunta Chang.

Tercero: “Cuando los partidos políticos, sobre todo uno en particular, decide que hay que tomar el Poder Judicial, este se politiza y aparecen grupos con intereses y preferencias políticas afines. Y aunque el que tengan una postura política personal no es negativo en sí mismo, cuando hacen su trabajo con objetivos partidarios la justicia deja de ser justicia”, explica el exfiscal Guillén.

Al poder político le conviene una justicia coja y sin recursos suficientes para empoderarse. La insuficiencia de los sueldos, la excesiva carga procesal, la pésima reputación que tiene el oficio frente a la opinión pública, la precariedad de la infraestructura en la que desempeñan sus funciones, contribuyen -todos- a lumpenizar y mercantilizar la justicia. Eso no se podrá arreglar sin buena gestión y sin más presupuesto.

Un juez superior gana 15 mil soles al mes, pero el monto pensionable es solo 3 mil soles. Por eso no se quieren ir nunca, o buscan incentivos por “fuera”, quizás, como quien guarda pan para mayo.

Vicente Walde, abogado y actual jefe de la Oficina de Control de la Magistratura, maltrató a un policía cuando este le dijo que no estaba permitido cuadrarse en zona rígida.

 

Colofón

Este artículo presenta los problemas más urgentes en el sistema de administración de justicia del Estado y por eso no se detiene en las crecientes islas de excelencia que existen dentro del Poder Judicial y del Ministerio Público. En palabras del exfiscal Avelino Guillén, “hay un enfrentamiento entre el viejo modelo tradicional de administrar la justicia con todas sus corruptelas y una nueva generación de jueces y fiscales que impulsan un cambio profundo en el sistema de administración de justicia”.

Y los vemos hoy, en la televisión. Siempre ha habido buenos elementos, pero siempre se les ha tenido que tener aislados del resto para que no se contaminen. La buena noticia, según Nakazaki, es que empiezan a aparecer más y más de estos profesionales que sí buscan ser jueces y fiscales honestos para servir y no para hacerse millonarios o ganar cuotas de poder.

El Perú solo avanzará, tanto como su aparato de justicia se lo permita.

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